El BIGBAN Annual Report, elaborado por BIGBAN Investors Spain en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, recoge que el 75% de los inversores considera que reducir la carga fiscal debe ser una de las principales medidas para favorecer la inversión en empresas emergentes. La demanda reúne a perfiles con estrategias diferentes, como fondos de venture capital, business angels y family offices. Para estos inversores, los incentivos fiscales a personas jurídicas son una medida que puede aplicar directamente el legislador y que contribuiría a mejorar la competitividad del ecosistema español.
Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones para invertir en startups, las prioridades cambian según el tipo de inversor. Entre los fondos de venture capital, business angels y family offices, la fiscalidad aparece como la principal demanda. Sin embargo, el inversor corporativo concede menos importancia a esta cuestión: solo el 39% la sitúa entre sus prioridades. En este caso, el foco se desplaza hacia el entorno regulatorio. Un 44% de los inversores corporativos reclama un sandbox regulatorio y otro 44% apuesta por impulsar mecanismos de coinversión público-privada.
La diferencia responde, según BIGBAN, a los distintos objetivos de cada tipo de inversor. Mientras los fondos buscan principalmente rentabilidad financiera y desinversión, las empresas utilizan la inversión en startups también como herramienta de innovación abierta, incorporación de tecnología y transformación de sus propios negocios. Por ello, el corporate demanda sobre todo un marco que facilite la colaboración entre grandes compañías y empresas emergentes.
Un marco europeo más sencillo
La fiscalidad no es la única preocupación. El informe señala también la existencia de una demanda transversal de simplificación regulatoria y eliminación de barreras burocráticas. Tres de cada cuatro inversores reclaman además un marco europeo unificado que facilite las operaciones entre países de la UE. En este contexto, la iniciativa EU Inc. aparece como una posible herramienta para reducir las dificultades administrativas que actualmente complican la inversión transfronteriza. La reducción de la regulación cuenta con el respaldo del 42% de los business angels y del 33% de los inversores corporativos.
La Comisión Europea ya avanza en esta vía que se alinea con la demanda de los inversores. La UE aspira a ahorrar a las empresas europeas cerca de 8.000 millones de euros al año en costes de cumplimiento normativo. De esa cifra, unos 3.300 millones corresponderían a cargas administrativas directas. Según el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, Europa necesita “normas más sencillas”para ofrecer más seguridad jurídica a empresas y administraciones tributarias.
El caso español
En España el camino a seguir no está tan claro. La Agencia Tributaria está dificultando sobremanera el acceso a las deducciones fiscales a los entes que se dedican a las actividades I+D+I. La AEAT ha planteado varias fórmulas contra el uso del Tax Lease, por ejemplo.. Se trata de una figura clave de la financiación I+D ya que permite a los proyectos crecer cuando no tienen capacidad de usar las deducciones fiscales que les corresponderían.
La AEAT no permite que estos proyectos apliquen márgenes comerciales, solo permite el coste directo. Algo contrario a toda naturaleza empresarial. Así, acusa a las empresas que aplican dichos márgenes de simulación y les impone sanciones desproporcionadas que, de media, multiplican por siete el perjuicio estimado por la inspección.
Por otra parte, Hacienda ha llegado incluso a poner en duda que los proyectos sean innovadores y que, por tanto, gocen del derecho a la deducción. Lo ha hecho contradiciendo los Informes Motivados Vinculantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta disparidad dentro de la propia administración generado una gran inseguridad jurídica que daña al sector. Esto último ya no debería ocurrir más tras la última sentencia de la Audiencia Nacional que impide a Hacienda cuestionar las decisiones del ministerio del ramo.
Como señala el Annual Report de BIGBAN Investors Spain, es imprescidindible la existencia de incentivos fiscales que atraigan a los inversores privados a los proyectos innovadores. Igual de imprescindible es que exista una seguridad jurídica y estabilidad regulatoria que permita utilizar dichas deducciones fiscales con total certidumbre.
El reto de consolidar el ecosistema español
Las demandas de los inversores llegan en un momento en el que España intenta consolidar el crecimiento de su ecosistema emprendedor y aumentar su capacidad para generar y escalar compañías tecnológicas. Para el sector, la cuestión no se limita a atraer capital. Un marco fiscal y regulatorio competitivo influye también en la capacidad de las startups para crecer, atraer talento y competir internacionalmente.
El diagnóstico del informe apunta, por tanto, a una combinación de medidas: incentivos fiscales para estimular la inversión privada, mecanismos de coinversión, espacios regulatorios de experimentación y una mayor armonización europea. El objetivo último es reducir las barreras que todavía dificultan que el capital fluya hacia empresas innovadoras y evitar que la falta de condiciones competitivas termine favoreciendo la salida de capital y talento hacia otros mercados.
