Casi la mitad del tiempo de las personas más cualificadas del sistema científico español se invierte en burocracia administrativa, no en investigación. Esto es lo que denuncia el informe «Por un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación más eficiente y de mayor impacto» presentado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) con el respaldo de las 90 sociedades científicas que la integran.
Los datos, proporcionados por el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, son para llevarse las manos a la cabeza. Los investigadores principales (IP) en España dedican entre el 42% y el 44% de su jornada laboral a tareas administrativas. Es decir, cada jornada dedican 3 horas y 31 minutos a justificaciones, auditorías, formularios y procedimientos que no generan conocimiento ni acercan a ningún descubrimiento. Un mazazo para la productividad y competitividad del I+D patrio.
Un 33% más de burocracia que el resto de Europa
La excesiva burocracia no es solo cosa de España, también es un fenómeno europeo, pero nuestro país se ha empeñado en llevarla a su máxima expresión. Según datos de la Funcación Cotec, la carga burocrática en España es un 33% superior a la media de la Unión Europea. Mientras países como Bélgica, Alemania o los Países Bajos han desarrollado marcos normativos que permiten a sus investigadores centrarse en, ¡sorpresa!, investigar, España ha construido un aparato de control que desconfía por defecto de su personal. El freno a la innovación es evidente pero también hay que tener en cuenta la carga laboral innecesaria que se sitúa sobre los hombros de los investigadores. No hablemos de la merma de recursos públicos que deberían destinarse a la generación de conocimiento y que acaban financiando un simple papeleo.
Hay propuestas para darle la vuelta a la situación
COSCE ha puesto sobre la mesa varias medidas. El texto apunta directamente a la necesidad de eliminar instrumentos de control e intervención excesivos e innecesarios. Especialmente en lo relativo a la contratación de personal, justificaciones de proyectos y auditorías posteriores.
Otras medidas de COSCE son la modificación del modo de aplicación a la ciencia de la Ley de subvenciones, contratos menores y licitaciones; la reforma de los procedimientos de la ANECA para facilitar la homologación directa de titulaciones obtenidas en centros internacionales de prestigio; y la sincronización de los calendarios, requisitos y criterios de las convocatorias estatales con las de las comunidades autónomas.
Un coste económico y de oportunidad enorme
¿Qué supone que más del 40% de la jornada se dedique a administración? Hagamos un cálculo grosso modo con las fuentes disponibles.
- Una hora de trabajo de un investigador principal (IP) tiene un coste de 25 euros de media si tomamos un salario de 38.000 euros brutos anuales y añadimos las cotizaciones sociales.
- En España hay, más o menos, unos 65.000 investigadores principales.
- Al año, se trabajan unas 1.760 horas. Un 42-44% serían 750 horas destinadas a burocracia cada año.
Tomando el precio, el número de investigadores y el total de horas dedicadas a burocracia, podemos concluir que el coste anual de esta asignación de funciones es de 1.220 millones de euros en total. O lo que es lo mismo: 18.750 € por investigador. Un auténtico despilfarro al tratarse de profesionales altamente cualificados. Un 5% del presupuesto del I+D+I de España. Pese a todo, el Gobierno proclama que la ciencia es una prioridad. Dejemos que los científicos hagan su trabajo.
