Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre de 2026. La decisión cierra una legislatura que termina, una vez más, sin Presupuestos Generales del Estado. España sigue funcionando con las cuentas de 2023, prorrogadas ya por tercera vez desde el pasado 1 de enero. Para el ecosistema de I+D+I español, este anuncio tiene consecuencias concretas sobre convocatorias, presupuestos y anuncios pendientes.
El Gobierno llevaba meses trabajando en un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027, pero la convocatoria electoral pone fin a ese trabajo antes de que llegara a materializarse. Esto significa que las partidas de ciencia e innovación siguen ancladas a los niveles aprobados en 2023, sin que muchos de los incrementos anunciados en los últimos meses cuenten con un marco presupuestario propio y estable que los respalde más allá del ejercicio en curso. En este sentido, varias partidas se ven afectadas como son los 100 millones adicionales para NEOTEC y Misiones Ciencia e Innovación, los 232 millones previstos para la Acción Estratégica en Salud 2026, o los compromisos de gasto del Plan IA360.
En la práctica, buena parte de estos refuerzos se han financiado hasta ahora mediante ampliaciones de crédito y reasignaciones dentro del presupuesto prorrogado, una fórmula que permite anunciar inversión adicional pero que no ofrece la misma seguridad jurídica y continuidad que una ley de presupuestos aprobada por las Cortes.
Gobierno en funciones: gestión ordinaria, pero sin grandes decisiones nuevas
Desde la disolución de las Cortes, el Ejecutivo pasa a la condición de Gobierno en funciones. Esto no paraliza la Administración: los organismos como el CDTI, la AEI o el ISCIII siguen operando con normalidad. De igual forma, las convocatorias ya publicadas o en fase de resolución continúan su tramitación ordinaria. Lo que sí queda en suspenso es la capacidad del Gobierno para aprobar nueva legislación de calado o adoptar decisiones que comprometan al Ejecutivo que salga de las urnas el 29 de noviembre.
Esto afecta directamente a varios expedientes. El Real Decreto sobre requisitos de sostenibilidad para centros de datos, pendiente de aprobación en Consejo de Ministros tras el cierre de su periodo de alegaciones, podría quedar paralizado hasta que haya un nuevo Gobierno con plenas funciones. Lo mismo ocurre con cualquier desarrollo normativo pendiente del Plan IA360, presentado por Sánchez hace apenas unas semanas junto a la promesa de convocar a patronal y sindicatos para un «nuevo contrato social» sobre inteligencia artificial, un compromiso que ahora depende de que el próximo Ejecutivo decida retomarlo.
Los anuncios del Gobierno también quedan en papel mojado. El más reciente sea quizás el inicio de los trámites de un nuevo incentivo para el profesorado universitario: el Sexenio de Transferencia de Conocimiento. De la misma forma, las iniciativas parlamentarias en curso que no hayan sido aprobadas definitivamente quedan en el limbo y será preciso iniciar el proceso legislativo desde cero en la próxima legislatura.
Qué sigue funcionando sin cambios
No todo se detiene. Los proyectos ya aprobados y en ejecución (desde las resoluciones del CDTI de septiembre hasta el Nodo Nacional de Datos en Cáncer o las ayudas Torres Quevedo ya resueltas) continúan su desarrollo con normalidad, al tratarse de gestión ordinaria y no de nuevas decisiones políticas.
Tampoco se ven afectados los acuerdos internacionales ya firmados, como la colaboración con México en IA y supercomputación o la convocatoria conjunta KSSP con la agencia coreana KIAT. Eso sí, se frena la firma de nuevos convenios estratégicos de gran calado entre administraciones, universidades e institutos de investigación hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo.
La pregunta que queda en el aire
El verdadero impacto de esta convocatoria electoral se conocerá en los próximos meses. Hay dos variables principales: por un lado, el resultado de las urnas el 29 de noviembre, y el tiempo que se tarde en formar un nuevo Gobierno con capacidad plena de acción. Mientras tanto, el sector científico y tecnológico español afronta un periodo de incertidumbre que se suma a una demanda que ya formuló la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) hace apenas unas semanas: financiación «suficiente, estable y sostenida en el tiempo», una condición que, con unos presupuestos prorrogados desde 2023 y una nueva cita electoral en el horizonte, sigue sin materializarse.
