La controversia por el proyecto de real decreto del Gobierno para regular los centros de datos no cesa. El sector rechaza las restricciones que el Ejecutivo plantea y advierte de sus consecuencias. Las empresas y asociaciones afirman que las nuevas exigencias podrían encarecer los proyectos y reducir el atractivo del país para la inversión internacional. Pese a ello y a la convocatoria electoral, el Gobierno afirma que va a intentar sacar adelante el decreto antes de los comicios.
La polémica ha ganado intensidad esta semana por la decisión de Google de pausar su posible campus de centros de datos en España a la espera de conocer el texto definitivo y si este tendría capacidad de salir adelante puesto que nos encontramos en pre camapaña electoral. A ello se suma un informe de la consultora EY que estima que una menor incorporación de nueva demanda eléctrica podría traducirse en sobrecostes para los consumidores de entre 118 y 642 millones de euros en 2030.
El debate se sitúa así en cómo ordenar el despliegue de unas infraestructuras con una demanda energética elevada sin dificultar las inversiones que podrían contribuir a desarrollar servicios de computación en la nube, inteligencia artificial y otros procesos digitales.
Google suspende por ahora el campus de centros de datos como advirtió SpainDC
Google ha congelado su inversión en un campus propio de centros de datos en España hasta conocer la versión definitiva del decreto. La información describe una pausa condicionada por la incertidumbre regulatoria, no una retirada definitiva de la compañía del mercado español. España busca consolidarse como destino para nuevas infraestructuras digitales, pero compite con otros mercados europeos que también aspiran a captar inversiones vinculadas a la nube y a la inteligencia artificial.
La incertidumbre no se limita a Google. La patronal SpainDC ya había advertido en septiembre de que la propuesta normativa podía comprometer proyectos de sus asociados. La asociación cifró en 9.000 millones de euros las inversiones que podrían quedar en riesgo si tres de sus socios materializaban su intención de abandonar sus proyectos en España.
Qué exige el decreto: correlación horaria y adicionalidad
Una de las medidas más controvertidas del decreto es la correlación horario. Es la obligación de respaldar, hora a hora, al menos el 80% del consumo eléctrico con energía renovable generada en esa misma hora.
El proyecto incorpora también un requisito de adicionalidad: parte de la energía renovable utilizada tendría que proceder de nueva capacidad de generación. La intención es evitar que los centros de datos se limiten a adquirir certificados o energía renovable ya disponible, sin impulsar nueva generación que acompañe el aumento de la demanda.
Desde la perspectiva del sector, sin embargo, la combinación de ambas condiciones puede exigir una cartera de generación renovable y almacenamiento de gran tamaño para asegurar el suministro incluso en periodos de menor producción. Las empresas cuestionan si la exigencia de nueva generación renovable y cobertura horaria, aplicada de forma conjunta y con los plazos previstos, puede cumplirse sin incrementar sustancialmente los costes o desplazar proyectos a otros países.
Informe de EY: el pato lo pagan los hogares españoles
El informe de EY sitúa en una horquilla de entre 118 y 642 millones de euros el posible coste adicional para el sistema eléctrico en 2030 si el marco regulatorio desincentiva la conexión de nuevos centros de datos. Según ese análisis, entre 73 y 394 millones de euros podrían recaer sobre hogares y pequeños consumidores. La estimación parte de la hipótesis de que no lleguen a materializarse entre 3,5 y 4 GW de demanda prevista, lo que reduciría los ingresos que contribuyen a sufragar los costes regulados de la red y de otras partidas del sistema.
La lógica del cálculo es que los centros de datos no solo consumen electricidad. también pagan peajes y cargos que ayudan a financiar infraestructuras y costes comunes. Si parte de la demanda prevista no llega a conectarse, algunos de esos costes podrían repartirse entre un volumen menor de consumidores. El efecto dependería de cuánta inversión se retrajera, de la infraestructura que finalmente se construyera y de cómo evolucionaran los costes y los ingresos regulados.
EY advierte también de que el cumplimiento de las exigencias de correlación horaria y adicionalidad podría requerir un sobredimensionamiento de la generación renovable y del almacenamiento. Según el informe, el coste de suministro para los centros de datos podría situarse en 133,07 euros por megavatio hora, frente a una referencia de 55 euros/MWh para 2030 utilizada en el análisis. La comparación depende de los supuestos del modelo y no debe interpretarse como una tarifa garantizada para todos los proyectos. El estudio sostiene, además, que la generación adicional necesaria para cubrir las horas de menor producción podría crear excedentes en otros momentos del año.
Hay mucho en juego
El potencial económico que está en juego es considerable. El informe de EY calcula que los centros de datos podrían movilizar cerca de 66.900 millones de euros en inversión directa e indirecta hasta 2030. Además, podrían tener un impacto anual estimado de 7.300 millones de euros en el PIB y más de 16.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Previsiones que Arcano Research eleva a los 80.000 millones de inversión y 222.000 millones de impacto en una década.
Las exigencias que se introduzcan pueden modificar los costes relativos entre países y alterar la rentabilidad de proyectos a largo plazo. Si los operadores las consideran difíciles de cumplir o imprevisibles, existe el riesgo de que parte de la inversión se dirija a otros mercados. Todo está en el aire y más aún con una cita electoral a poco más de un mes vista.
