SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha anunciado que presentará alegaciones al Proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. La asociación considera que la intensidad y acumulación de determinadas exigencias pueden comprometer inversiones ya en marcha y reducir la competitividad de España frente a otros mercados europeos.
Según SpainDC, si el texto se aprueba en sus términos actuales, España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. La asociación advierte de que las nuevas condiciones afectan también a proyectos iniciados bajo el marco anterior y que llevan años de desarrollo. En esos casos, el periodo de adaptación es de apenas seis meses. A su juicio, esto plantea problemas de seguridad jurídica y proporcionalidad para inversiones que ya han comprometido suelo, financiación, obras, equipamiento y contratos energéticos.
SpainDC asegura que algunos promotores están empezando a valorar otros mercados europeos como alternativa ante la posibilidad de que España adopte un marco más rígido y menos previsible. La asociación recuerda que la demanda de capacidad asociada a la inteligencia artificial, el cloud y los servicios digitales seguirá creciendo independientemente de dónde se construyan los centros de datos.
La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, advierte de que una regulación diseñada para reforzar la soberanía digital podría terminar produciendo el efecto contrario si provoca que la inversión, el empleo y la capacidad de computación se localicen fuera de España. La organización reclama, por tanto, que el crecimiento del sector se ordene sin expulsar proyectos reales que ya han elegido el país como destino.
Hasta 66.900 millones de inversión en juego
La dimensión económica de la discusión es especialmente relevante. El último Informe Anual de SpainDC estimaba en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada que podría generarse entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad regulatoria. En un escenario que la propia asociación calificaba como restrictivo, esa cifra podía reducirse un 36%.
Ahora SpainDC considera que incluso esa previsión podría resultar moderada frente al impacto potencial del nuevo proyecto normativo. La asociación estima que, si el Real Decreto se aprobara sin modificaciones sustanciales, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino. Se trata de una estimación de la propia organización y no de una previsión oficial del Gobierno.
Sostenibilidad y crecimiento, un equilibrio necesario
SpainDC asegura que comparte la necesidad de mejorar la sostenibilidad de los centros de datos y de evitar que proyectos especulativos bloqueen capacidad eléctrica que podría ser utilizada por instalaciones con posibilidades reales de ejecución. Sin embargo, considera necesario diferenciar entre una reserva especulativa y un proyecto que ya ha alcanzado un determinado grado de madurez y ha comprometido inversiones. Entre los aspectos que generan mayor preocupación figuran la combinación de los requisitos de adicionalidad y correlación de energía renovable, las exigencias de eficiencia energética e hídrica, determinadas condiciones contractuales y el régimen de recargos. Para la asociación, estos requisitos deberían tener en cuenta el grado de avance efectivo de cada proyecto y el cumplimiento de hitos concretos.
La asociación reclama más tiempo para negociar el texto
SpainDC también cuestiona el calendario de tramitación. El presidente de la asociación, Emilio Díaz, ha solicitado al ministro y a las secretarías de Estado implicadas una ampliación del periodo de audiencia y la creación inmediata de una mesa técnica con el sector. Según la organización, a fecha de su comunicado no había recibido respuesta a estas peticiones.
La asociación defiende una regulación que mantenga la ambición en materia de sostenibilidad, pero que sea compatible con los tiempos de desarrollo de infraestructuras que requieren grandes inversiones. Su objetivo es que durante la tramitación puedan introducirse cambios que permitan mantener a España como destino competitivo para centros de datos vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial y la economía digital.
De tal manera, la clave está en aprovechar el atractivo del país para atraer centros de datos sin comprometer la sostenibilidad, la disponibilidad energética y la seguridad, pero evitando que unas exigencias excesivamente rígidas terminen desplazando las inversiones hacia otros países europeos.
