
España tiene una magnífica fábrica de ideas y ciencia de primer nivel. Según el Ministerio, España es la novena potencia mundial y la tercera europea por volumen de publicaciones. Sin embargo, no somos capaces de explotar al máximo ese potencial con el ecosistema actual. De ahí que, según el Índice Mundial de Innovación 2026, pasemos a ocupar el puesto 28. Algo pasa si nuestro potencial científico está en el top 10 pero el innovador casi se sale del top 30. Un símil automovilístico explica el problema de fondo.
La principal razón de este desajuste es el motor financiero híbrido de la I+D española que se apoya en exceso en lo público ante la incapacidad de atraer capital privado. Nos faltan caballos (CV), que solo se logran con un motor de gasolina potente (financiación privada robusta), para sacar la investigación del laboratorio y lanzarla al mercado global.
El motor eléctrico (financiación pública) es ideal para arrancar, ir cogiendo velocidad y desenvolverse en un entorno urbano (nacional). Sin embargo, el ecosistema encuentra un gran obstáculo cuando toca entrar en la autopista (ámbito internacional), pasar al motor de gasolina (financiación privada) y acelerar.
La atracción de capital privado sigue siendo la gran asignatura pendiente de la I+D española. Existe un déficit crónico que actúa como techo de cristal. Sin el músculo del capital privado, las empresas innovadoras nacionales están condenadas a un crecimiento muy limitado. No tenemos los CV suficientes para competir a nivel internacional ni mucho menos para ganar la carrera.
Demasiado dependientes del dinero público
A primera vista, el ecosistema de investigación y desarrollo en España muestra signos de vitalidad. El gasto en I+D llegó a 23.931 millones de euros, el 1,50% del PIB. Es un máximo histórico aunque seguimos lejos de la media de la UE que se sitúa en el 2,2%. Sin embargo, al levantar el capó de nuestro vehículo híbrido, el modelo revela una preocupante debilidad. Mientras que en las economías líderes de la Unión Europea el sector privado sufraga cerca del 66%-68% del gasto en I+D, en España la aportación privada se queda en un 56,7%. El resto, un elevado 43,3%, descansa sobre los hombros del sector público según reflejan los datos de la fundación Cotec. Los datos de Eurostat matizan esa cifra al 38,6%.
Esta paridad anómala es un síntoma de vulnerabilidad. El dinero público (instrumentado con éxito en fases tempranas a través de organismos como el CDTI o ENISA) es un excelente trampolín de salida pero dicho motor eléctrico no está diseñado para el escalado ni en magnitud ni en velocidad. La burocracia administrativa, los plazos rígidos de las convocatorias, la exigencia de avales y la inejecución de los fondos chocan frontalmente con las dinámicas de un mercado tecnológico global que exige velocidad, audacia y flexibilidad.
La excesiva dependencia del dinero público y la menor aportación del sector privado limitan drásticamente la velocidad, el tamaño y la sostenibilidad de las empresas innovadoras en sus fases de crecimiento. Para escalar, una startup o pyme tecnológica necesita millones de euros en un corto periodo de tiempo para capturar un mercado antes que sus competidores. Algo para lo que el capital riesgo privado sí está diseñado.
Atrapados en el «Valle de la Muerte»
El verdadero drama de los operadores de I+D en España ocurre cuando llega el momento de dar el salto de startup a scale-up. Es el conocido «Valle de la Muerte» financiero. Para poner en marcha una idea o validar un prototipo, el ecosistema español responde con eficacia; hay ayudas semilla, créditos blandos y redes locales de business angels que hacen posibles rondas de entre 100.000 euros a 1 millón.
El problema surge cuando esa misma empresa necesita 10, 20 o 50 millones de euros para internacionalizarse, es decir, en las rondas B, C y sucesivas. En ese punto, el mercado de capital riesgo nacional muestra sus limitaciones. Al no existir un tejido financiero privado con el tamaño suficiente para liderar estas grandes rondas de inversión, las opciones se reducen drásticamente. Las empresas españolas frenan su crecimiento perdiendo la ventana de oportunidad frente a competidores extranjeros.
Las compañías se ven incluso obligadas a buscar capital fuera de nuestras fronteras. El 63,8% del capital privado invertido en el país procede de fondos extranjeros: 4.082 de 6.403 millones, según SpainCap. Así, España financia el riesgo inicial y son otros países los que recogen los frutos.
Otro frente sobre el que reflexionar: la transferencia tecnológica
La ausencia del sector privado en la financiación de la I+D implica también una peligrosa desconexión comercial. Cuando una gran corporación invierte en una empresa emergente aporta capital y también tracción de mercado, canales de distribución y su cartera de clientes. El modelo español, fuertemente tutorizado por la administración, adolece de una falta de transferencia real. No hay más que visitar una oficina de transferencia tecnológica de una universidad para darse cuenta.
Se investiga mucho y bien en universidades y centros tecnológicos, pero se transfiere poco al tejido productivo real. Al no involucrarse las grandes empresas en el riesgo de la innovación profunda desde sus etapas intermedias, los productos resultantes muchas veces carecen de un encaje directo con las demandas del mercado. Si bien es cierto que la creación de spin-offs está creciendo con fuerza en los últimos años. Datos que no quitan que continúe siendo un aspecto en el que mejorar.
Obstáculos a la inversión privada y a las empresas
A las dificultades estructurales ya mencionadas, hay que añadirle los palos en las ruedas que la propia administración pone a la atracción de inversión privada. El ejemplo más claro es el uso de la fórmula del tax lease. Un mecanismo cuyo uso ha crecido con fuerza en los últimos años pero que se ha encontrado con múltiples obstáculos por parte de Hacienda que ha creado un clima de inseguridad jurídica alrededor de esta herramienta.
Por otro lado, están los incentivos que se articulan y que no llegan a los que los necesitan. La Ley Startup es ejemplo de ello. El impacto fiscal previsto era de 2.000 millones en deducciones. En 2023-2024 se concedieron solo 4 millones, según el informe del Foro Nacional de Empresas Emergentes. Se olvidó el legislador que para aplicar una deducción es imprescindible tener beneficios. Algo que las startups no tienen hasta más adelante.
Giro de 180º para crecer de verdad
El ecosistema español no puede permitirse seguir siendo dependiente de la financiación pública y apenas atraer la privada. Este modus operandi nos condena a tener grandes ideas y también a ser incapaces de materializarlas e internacionalizarlas. La financiación pública ha cumplido con creces su papel de soporte vital y dinamizador inicial. Para competir en la Champions League de la innovación, el sector privado debe dar un paso al frente y asumir el liderazgo financiero de la innovación. Hasta entonces, los operadores españoles de I+D seguirán compitiendo con una mano atada a la espalda. El talento está listo, y la financiación pública inicial consolidada. El capital privado ya no puede seguir siendo el gran ausente.




