España ha retrocedido cuatro posiciones en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de la Tax Foundation desde 2018. Nuestro país ocupa ahora el puesto 33 de los 38 países de la OCDE en la edición de 2025. El informe asigna a España una puntuación de 57,9 sobre 100. Una nota que nos sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE.
El informe, presentado en el Instituto de Estudios Económicos, evidencia que está teniendo lugar un un deterioro constante de la competitividad fiscal española. El estudio destaca que los países mejor posicionados, como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo, cuentan con sistemas tributarios más simples y neutrales. Frente a ello, España presenta una presión fiscal normativa un 17% superior a la media europea y un 18% mayor que la de la OCDE. Además, la presión fiscal medida por la recaudación se incrementó en 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024 mientras que en la Unión Europea descendió en 0,6 puntos.
Pesada carga sobre las empresas
En el ámbito empresarial, el informe subraya que las compañías españolas soportan una carga tributaria superior a la media comunitaria. En 2024 aportaron el 33,9% de la recaudación total frente al 26% de la UE. La presión fiscal empresarial alcanzó el 12,5% del PIB por encima del 10,3% europeo. Entre 2018 y 2024, la carga fiscal sobre las empresas aumentó a un ritmo cinco veces mayor que en el conjunto de la Unión Europea. Un hecho que perjudica la inversión y la competitividad internacional. El tipo nominal del impuesto sobre sociedades se sitúa en el 25% mientras que la carga combinada sobre los beneficios distribuidos asciende al 47,5% frente al 38,8% de media comunitaria.
Complejidad administrativa
El estudio pone también el foco en la complejidad del sistema tributario español. El índice de complejidad alcanza los 114,8 puntos, casi 15 por encima de la media europea. Tan complejo es que las empresas dedican una media de 150 horas anuales a cumplir con sus obligaciones fiscales frente a las 113 horas de la UE y las 92 horas de la OCDE. Una carga administrativa a la que son especialmente sensibles las pequeñas y medianas empresas.
El Instituto de Estudios Económicos aboga por una reforma fiscal orientada a reducir distorsiones, simplificar obligaciones y reforzar la seguridad jurídica. Sostiene, además, que la convergencia con la media europea en ámbitos como el desempleo y la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de elevar los impuestos.
La I+D+I también sufre la presión fiscal
El informe sostiene que los sistemas fiscales poco competitivos y distorsionadores perjudican la inversión y el crecimiento económico. La I+D+I no es ajena a ello. Así lo afirma la OCDE que señala que la fiscalidad afecta a los incentivos para invertir y localizar actividades de innovación al modificar el coste del capital y la rentabilidad esperada de esos proyectos. Una tributación menos favorable desincentiva o reduce la inversión privada en I+D. De igual manera, la OCDE invita a crear marcos fiscales favorables que incentiven la inversión en actividades de esta índole. Hoy en día, seis de cada diez euros de apoyo público a la I+D empresarial llegan a través del sistema fiscal.
En competitividad fiscal España está en zona de descenso mientras que en incentivos fiscales ocupa la mitad de la tabla ligeramente por debajo de la media de la OCDE. A estos dos factores, hay que añadirle un tercero que es la insegurisad jurídica. En el caso de la innovación española, la inseguridad jurídica deriva de la ausencia de marcos fiscales estables y predecibles.
Ejemplo de ello es la disparidad de criterio dentro de la propia administración con respecto a la figura del Tax Lease. Hacienda ha llegado a cuestionar la calificación de innovación de los proyectos pese a que estos ya habían sido avalados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La justicia tuvo que intervenir y sentenciar que la valoración técnica de los proyectos corresponde al ministerio del ramo, no a Hacienda. España tiene mucho trabajo por delante en materia fiscal.
