
Varias organizaciones han puesto sobre la mesa las reivindicaciones del sector digital han a las formaciones políticas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Sus propuestas reclaman estabilidad presupuestaria, mayor inversión privada en I+D, menos burocracia, impulso industrial y medidas para convertir el conocimiento científico en actividad económica. Sostienen que España necesita políticas tecnológicas e innovadoras de largo recorrido que no dependan exclusivamente de programas temporales. Hagamos un repaso:
Continuidad financiera y una estrategia digital de país
Una de las principales demandas es situar la transformación digital y la innovación entre las prioridades permanentes del Gobierno. AMETIC propone crear una vicepresidencia de Transformación Digital y Función Pública con competencias ejecutivas, además de desarrollar una política de Estado que dé continuidad a las inversiones. Su Agenda Digital 2026-2030 reúne 218 medidas y plantea reforzar la colaboración público-privada, la competitividad empresarial y la soberanía tecnológica.
DigitalES también reclama una Agenda Digital 2030, pero pone el acento en establecer objetivos medibles, presupuesto, calendario de ejecución y revisiones periódicas. La patronal considera que España debe aprovechar sus infraestructuras de conectividad para atraer inversiones y desarrollar capacidades tecnológicas propias.
Adigital, por su parte, defiende mejorar los instrumentos de financiación para acompañar a las empresas desde sus primeras etapas hasta su consolidación. Entre sus propuestas figuran reforzar la coinversión público-privada, facilitar el acceso de las scaleups al capital y adaptar los incentivos fiscales a las necesidades de las compañías innovadoras.
La preocupación por la financiación también aparece en la Fundación I+E. Su planteamiento pasa por aumentar la inversión empresarial en investigación y facilitar proyectos de colaboración público-privada. La organización propone avanzar hacia un modelo en el que las empresas inviertan dos euros en I+D por cada euro de financiación pública, frente al menor esfuerzo empresarial que registra actualmente España respecto a la media europea.
Menos burocracia y más capacidades industriales propias
La simplificación regulatoria constituye otra de las reivindicaciones del sector digital. DigitalES y Adigital reclaman evitar duplicidades entre las normas europeas y su aplicación nacional, así como reducir las cargas administrativas que pueden dificultar la innovación y la expansión de las empresas tecnológicas. También piden un marco que proporcione seguridad jurídica a las inversiones y facilite el crecimiento de las compañías.
En el ámbito industrial, AMETIC considera prioritario mantener el impulso del PERTE Chip y concentrar recursos en sectores como la inteligencia artificial, la nube, la ciberseguridad, la electrónica y los semiconductores. La patronal plantea incluso una ley específica de chips que permita dar continuidad a la estrategia industrial y apoyar las capacidades españolas de diseño, integración y fabricación avanzada.
DigitalES coincide en la necesidad de reforzar las infraestructuras digitales. Reclama agilizar el despliegue de redes, centros de datos y otras instalaciones necesarias para la economía digital, además de coordinar la planificación energética con las necesidades de computación. También propone un pacto de Estado por el talento digital que eleve el peso de los especialistas TIC en el empleo desde el 4,8% hasta el 10%.
El reto de la transferencia tecnológica
La transferencia de conocimiento ocupa un lugar central en las propuestas de la Fundación I+E y APTE. Ambas organizaciones señalan las dificultades que encuentran numerosas tecnologías para superar la fase de investigación y convertirse en productos, empresas y procesos industriales. APTE reclama que los parques científicos y tecnológicos sean reconocidos como agentes estratégicos de las políticas públicas de innovación. Su propuesta incluye crear una red nacional de infraestructuras de escalado, con laboratorios, bancos de pruebas, demostradores y líneas piloto que permitan validar tecnologías y fabricar preseries antes de acometer inversiones industriales de mayor dimensión.
La Fundación I+E insiste en la necesidad de facilitar la industrialización de las innovaciones, especialmente en las startups industriales, que afrontan plazos de desarrollo y necesidades de capital superiores a los de otros modelos de negocio. También defiende mejorar los incentivos a la I+D empresarial y reforzar la colaboración entre compañías, universidades y centros de investigación.
El próximo Gobierno, ante una agenda de largo recorrido
Las propuestas de estas organizaciones muestran que la transformación digital y la innovación requieren de una estrategia estable y a largo plazo, no de medidas puntuales. El reto también consiste en crear empresas capaces de competir internacionalmente, aumentar la inversión privada en investigación, retener talento y facilitar que los resultados científicos lleguen al mercado. El próximo Gobierno tendrá que decidir si convierte estas demandas en una estrategia estable, con recursos y objetivos evaluables, o si mantiene un modelo condicionado por programas temporales y prioridades que cambian en cada legislatura.





