
El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado al Consejo de Estado el proyecto de real decreto de centros de datos. Lo ha hecho tras analizar más de 600 alegaciones y recibir el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno mantiene el objetivo de fondo, pero suaviza cómo y cuándo debe cumplirse. La principal novedad es un periodo transitorio de hasta cinco años para alcanzar el requisito de renovables. El texto recoge asó parte de las alegaciones de la CNMC y del sector.
El borrador de agosto exigía que los centros de datos respaldaran con renovables el 80% de su consumo eléctrico en cada hora de funcionamiento. Ese requisito se mantiene pero ahora los centros pueden acogerse a un periodo transitorio de un lustro para alcanzarlo. Hasta el 31 de diciembre de 2028 tendrán que acreditar un requisito más sencillo. Deberán demostrar que el 60% de la electricidad consumida en las horas punta procede de fuentes renovables.
Otro cambio relevante es el umbral. La mayoría de los requisitos se aplicarán ahora a los centros de datos de 10 megavatios o más. El borrador inicial fijaba el listón en un megavatio. Los centros más pequeños quedan así fuera de buena parte de las exigencias.
Contratos de compra de electricidad de seis años, no de diez
El nuevo texto reduce de diez a seis años la duración mínima de los contratos de compra de electricidad renovable a largo plazo. Según el sector, el plazo anterior limitaba y dificultaba la contratación del suministro. El texto también modifica el requisito de adicionalidad que obliga a acompañar los centros de datos de nueva generación renovable instalada en un margen de 18 meses. Está por ver qué cambios incluye finalmente el decreto una vez se haga público.
Un decreto que amenazaba a las inversiones
Los cambios llega después de un largo periodo de presiones y críticas por parte de los actores implicados. La CNMC, por ejemplo, criticó la excesiva exigencia energética del proyecto y pidió mayor flexibilidad. Los centros de datos se preparaban para alegar que no se puede legislar de espaldas a la industria. Compañías como Google han llegado a congelar sus planes en España a la espera de la norma definitiva. La incertidumbre y la inversión no son buenas amigas. Además, la consultora EY ha publicado un informe en el que detalla las consecuencias económicas del decreto tal y cómo estaba redactado previamente.
Todo ello para haber hecho reconsiderar su posición al Ejecutivo, al menos de forma parcial. Ahora está por ver si cómo inversores y empresas reciben estos cambios. El siguiente paso es el dictamen del Consejo de Estado. Después, el texto pasará al Consejo de Ministros. Todo indica que será aprobado antes de las elecciones.





