El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 8 de julio la nueva Ley Canaria de la Ciencia. La norma aspira a convertirse en el nuevo pilar del sistema de investigación, desarrollo e innovación del archipiélago. El texto establece un marco jurídico propio para reforzar la planificación de las políticas científicas, mejorar la coordinación entre los agentes del ecosistema y dotar de mayor estabilidad a la financiación de la I+D+I.
La nueva legislación pretende responder a algunas de las principales demandas planteadas durante los últimos años por universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras. Entre sus objetivos figuran la reducción de la carga administrativa, la mejora de la carrera investigadora, la atracción de talento y el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.
Según la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, la nueva norma constituye «un paso histórico para Canarias» y es el resultado de un trabajo desarrollado junto a universidades, organismos de investigación, empresas innovadoras y el conjunto del ecosistema científico. La responsable autonómica subraya que la ley nace con el objetivo de consolidar la ciencia y la innovación como una política estratégica para el futuro del archipiélago y convertir el conocimiento en uno de los principales motores de desarrollo económico y social.
Menos burocracia y mejores condiciones para investigar
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley es la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la gestión de proyectos de investigación e innovación. La reducción de la burocracia ha sido una de las reivindicaciones más repetidas por la comunidad científica canaria. Lo han hecho especialmente en la tramitación de ayudas, contratación de personal y ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.
La norma incorpora además medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los investigadores, favorecer el desarrollo de la carrera científica y ofrecer una mayor estabilidad al sistema. También contempla actuaciones para atraer y retener talento, uno de los grandes retos del ecosistema español de I+D+I. Según Migdalia Machín, la ley «no solo reconoce el valor de quienes investigan, sino que crea mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo», favoreciendo además una colaboración más estrecha entre todos los agentes del sistema.
Más coordinación y una financiación más estable
Otro de los pilares de la nueva legislación consiste en reforzar la gobernanza del sistema canario de ciencia e innovación. El nuevo marco normativo reconoce el papel estratégico de universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, empresas innovadoras y demás entidades que participan en la generación de conocimiento.
Asimismo, permitirá planificar de forma más eficaz las políticas públicas de I+D+I y avanzar hacia un modelo de financiación más estable y previsible. Un hecho que ofrecerá mayor seguridad tanto a los centros de investigación como a las empresas que desarrollan actividades innovadoras. El Gobierno autonómico considera que esta estabilidad será clave para impulsar proyectos de mayor alcance y consolidar un ecosistema científico más competitivo.
Ciencia para diversificar la economía canaria
La nueva Ley Canaria de la Ciencia también sitúa la investigación y la innovación como herramientas para afrontar algunos de los principales desafíos del archipiélago. Entre ellos destacan la diversificación económica, la transformación digital, la transición energética, la sostenibilidad y la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. Desde el Ejecutivo autonómico defienden que disponer de un marco normativo específico permitirá desarrollar políticas científicas de largo recorrido y aprovechar mejor las capacidades de investigación existentes en las islas.
