Más de 160 entidades reclaman revisar la regulación de los centros de datos para proteger la competitividad digital de España

SpainDC ha lanzado el Manifiesto por una España digital, competitiva y soberana. La iniciativa reúne a más de 160 empresas y organizaciones de distintos sectores para reclamar una revisión del proyecto de Real Decreto de regulación de los centros de datos en España. El sector advierte de que algunas de las exigencias previstas podrían comprometer inversiones estratégicas y limitar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la inteligencia artificial y la economía digital.

El documento defiende que estas instalaciones deben reconocerse como infraestructuras estratégicas para el país. Su argumento central es que España cuenta con ventajas energéticas, geográficas y de conectividad para convertirse en uno de los principales nodos digitales de Europa, pero necesita un marco regulatorio que permita materializar ese potencial.

La iniciativa ha conseguido más de 160 adhesiones en menos de una semana. Entre las organizaciones firmantes figuran APPA Renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), ANESE y Adigital, además de compañías vinculadas a distintos eslabones de la cadena de valor de los centros de datos.

SpainDC pide revisar el Real Decreto de regulación de los centros de datos

El manifiesto llega en un momento decisivo para la regulación de estas infraestructuras. El proyecto de Real Decreto promovido por el Gobierno establece requisitos relacionados con la sostenibilidad energética y medioambiental, la resiliencia y la soberanía digital. SpainDC considera que algunas de las condiciones contempladas pueden resultar técnicamente inviables o económicamente desproporcionadas. Por ello, reclama una revisión del texto que permita compatibilizar los objetivos ambientales con la viabilidad de los proyectos y la capacidad de España para atraer inversiones.

Su principal crítica se dirige al diseño y la intensidad de determinadas exigencias, así como a sus posibles consecuencias sobre proyectos que ya han comprometido recursos y sobre nuevas inversiones que todavía pueden elegir su destino. El debate afecta especialmente a las condiciones energéticas que deberán cumplir los centros de datos. Estas instalaciones necesitan un suministro eléctrico elevado y estable para mantener operativos los servidores y sistemas de refrigeración. El reto regulatorio consiste en garantizar que su crecimiento sea compatible con la disponibilidad de energía, la integración de renovables y la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Una inversión potencial de 66.900 millones de euros hasta 2030

Uno de los argumentos económicos del manifiesto es la dimensión de las inversiones que España podría atraer. Según el Informe Anual 2025 sobre el Sector de los Centros de Datos en España, elaborado por SpainDC y Pb7 Research, el sector podría movilizar hasta 66.900 millones de euros de inversión acumulada entre 2026 y 2030 si se mantiene el escenario de crecimiento previsto. La asociación sostiene que España dispone de condiciones favorables para atraer estos proyectos: capacidad de generación renovable, conectividad internacional, ubicación geográfica, suelo industrial y un ecosistema empresarial capaz de desarrollar servicios e infraestructuras digitales.

El desarrollo de centros de datos también puede generar actividad para otros sectores, desde la construcción y la ingeniería hasta las empresas energéticas, las telecomunicaciones, la refrigeración y los servicios tecnológicos. Además, estas instalaciones proporcionan capacidad de computación para aplicaciones de inteligencia artificial, servicios en la nube, investigación y digitalización empresarial.

Por el contrario, SpainDC advierte de que un marco regulatorio poco competitivo podría desplazar proyectos hacia otros mercados europeos. En ese escenario, España perdería no solo inversiones directas, sino también oportunidades de empleo, innovación y desarrollo industrial.

Vías para reforzar la soberanía digital

El manifiesto plantea una serie de prioridades para orientar la futura regulación.

  • La primera es reconocer los centros de datos como infraestructuras estratégicas, dada su importancia para la actividad económica y la autonomía tecnológica.
  • También reclama anticipar y planificar las necesidades energéticas y de red que acompañarán al crecimiento del sector. La disponibilidad de electricidad y la capacidad de conexión son factores determinantes para decidir dónde se construyen estas instalaciones.
  • Otra de las demandas es preservar la seguridad jurídica y agilizar la tramitación administrativa. Los proyectos de centros de datos requieren inversiones de gran volumen y largos periodos de planificación, por lo que los cambios regulatorios y la incertidumbre pueden afectar a su viabilidad.
  • Por último, las entidades firmantes piden que las exigencias ambientales sean rigurosas, pero también proporcionadas y técnicamente realizables. El objetivo declarado es que la protección del medio ambiente y el desarrollo tecnológico avancen conjuntamente.

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