El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el programa ‘Somos. Contamos: Fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’. La iniciativa pretende triplicar la inversión en I+D específicamente orientada a la salud femenina hasta alcanzar los 18 millones de euros anuales.
La iniciativa se articula en torno a tres líneas de actuación. La primera es una misión específica sobre salud de las mujeres canalizada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). El objetivo de que empresas y centros de investigación desarrollen proyectos de I+D en esta área. La segunda es una nueva línea de financiación para el Instituto de Salud Carlos III orientada a promover la colaboración en red entre centros de investigación. La tercera contempla contratos predoctorales específicos vinculados a proyectos sobre salud femenina dentro de la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación.
Las áreas prioritarias incluyen el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y tiroideas, la salud cardiovascular, la salud mental, la menopausia y la salud hormonal. Sánchez señaló como ejemplo paradigmático la endometriosis: una enfermedad que afecta a una de cada siete mujeres y que tarda, de media, casi una década en ser diagnosticada.
¿Existe «discriminación» hacia la mujer en la investigación?
El Gobierno habla de «desigualdad sistémica» y de que existe «discriminación» hacia la mujer en la investigación. Hay datos disponibles que nos permiten analizar esta afirmación. Estudios publicados sobre la mencionada endometriosis en revistas como Human Reproduction o Fertility and Sterility confirman retrasos diagnósticos de entre 7 y 10 años en Europa. Esto fue acuñado por Caroline Criado Pérez en su obra Invisible Women como el gender data gap, es decir, la brecha sistemática existente en la recopilación de datos sobre la experiencia femenina.
Lo cierto es que los ensayos clínicos han incluido históricamente una proporción menor de mujeres que de hombres. En parte se debe a la exclusión de mujeres en edad fértil para evitar riesgos durante el embarazo. Hasta mediados de los años 90 no se les incliyó. Así, esto ha dado lugar a lagunas reales en el conocimiento sobre cómo ciertos fármacos actúan de manera diferente según el sexo biológico.
Sin embargo, el texto gubernamental presenta este conjunto de problemas bajo el paraguas de una «desigualdad estructural y sistémica«. Lo hace sin cuantificar con precisión su alcance actual en España, sin desglosar en qué áreas concretas se produce la mayor infrafinanciación ni con qué metodología se ha medido. El salto de «existe un problema documentado» a «existe discriminación sistémica» es un salto conceptual que merece mayor rigor ya que supone pasar del debate científico al político e ideológico..
Un problema de encuadre y diagnósitico
Llamar «discriminación» a una brecha histórica en investigación biomédica implica la existencia de una intención o de un mecanismo activo de exclusión. Todo apunta más bien a una combinación de inercia histórica, sesgos en el diseño de estudios y ausencia de incentivos para investigar enfermedades de baja rentabilidad comercial (independientemente del sexo al que afecten).
Diagnosticar realmente el problema determina la solución. Si el problema es discriminación intencional, la respuesta es normativa y sancionadora. Si el problema es infrafinanciación e inercia institucional, la respuesta es precisamente la que propone este programa: más inversión y más contratos. En ese sentido, las medidas anunciadas son coherentes con la segunda lectura, aunque el discurso político se mueva en la primera. Esta tensión entre el relato y las medidas no invalida la iniciativa, pero sí invita a leerla con cierto escepticismo crítico.
Así, el programa ‘Somos. Contamos’ parte de una preocupación legítima y científicamente fundada. Las brechas en investigación biomédica están documentadas y tienen consecuencias clínicas reales. Lo que brilla por su ausencia es un diagnóstico cuantitativo riguroso: ¿cuánto se invierte hoy en cada área? ¿Cuál es la proporción de mujeres en ensayos clínicos financiados con fondos públicos en España? ¿Qué métricas se usarán para evaluar el éxito del programa? Lo que no se mide no se puede mejorar. El programa debería demandarse a sí mismo igual o más rigurosidad que la que exige a la praxis investigadora. Si la ciencia y la investigación se alejan de relatos políticos e ideológicos, le irá mejor.
