El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado cambios significativos en la convocatoria 2026 de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU). Es el principal programa público de financiación de contratos predoctorales en España. La ministra Diana Morant ha presentado las mejoras como «un nuevo paso para apoyar el talento joven investigador en nuestro país».
La novedad más relevante para los solicitantes es que ya no será necesario estar matriculado ni admitido en un programa de doctorado en el momento de presentar la solicitud. La matrícula solo se exigirá cuando se formalice el contrato. Este cambio elimina una de las principales barreras de entrada para quienes se encontraban en proceso de acceso a un programa doctoral. En materia de gestión administrativa, desaparecen las justificaciones económicas y científico-técnicas anuales. En su lugar, el personal contratado y las entidades beneficiarias deberán presentar únicamente dos informes de seguimiento (uno intermedio y otro final) a lo largo de los cuatro años de duración máxima del contrato.
Los criterios de evaluación también se han reformado. La nota media ponderada del expediente académico del solicitante seguirá siendo el factor principal, con un peso de 75 puntos sobre 100. El 25% restante lo aportará una valoración del equipo investigador en el que se desarrollará la tesis. Por primera vez, el entorno científico en el que trabajará el doctorando cuenta de forma explícita en la selección. Las ayudas financian los costes salariales del contrato, la matrícula del programa de doctorado, las estancias en centros de I+D y la indemnización al finalizar el contrato. La duración máxima es de cuatro años, en universidades y centros de investigación. Este es el calendario de la convocatoria:
La AEI asume la gestión
La administración del programa pasará a depender directamente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que coordinará las fechas de solicitud y resolución de las distintas convocatorias de personal predoctoral. El objetivo es mejorar la planificación tanto para los solicitantes como para la propia administración. Además, las solicitudes deberán ser presentadas conjuntamente por la persona interesada y por el centro de I+D donde se desarrollará la tesis, lo que implica a las instituciones en el proceso desde el inicio. Desde 2018, el Gobierno ha invertido más de 658 millones de euros en el programa FPU que ha financiado la contratación de más de 6.000 investigadores. La nueva convocatoria se lanzará después del verano.
