
El sistema de incentivos fiscales 64Bis de Vizcaya permite que una empresa financie proyectos de investigación, desarrollo e innovación desarrollados por otra y obtenga a cambio una deducción fiscal. Una investigación publicada en Research Policy analiza sus resultados y apunta a su capacidad para impulsar la colaboración empresarial y la generación de activos intangibles. Un funcionamiento similar al de la figura del Tax Lease y que, además, guarda una estrecha relación con una propuesta que el PNV llevó al Congreso de los Diputados.
En Vizcaya, el artículo 64Bis de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades resuelve una dificultad habitual para las empresas innovadoras en etapas tempranas. Estas pueden realizar inversiones relevantes en investigación y desarrollo, pero al carecer de beneficios o cuota tributaria suficiente no pueden aprovechar las deducciones fiscales que generan. Mediante el 64Bis, otra compañía puede aportar los recursos necesarios y beneficiarse del incentivo fiscal asociado al proyecto.
Existen instrumentos similares en Álava, Guipúzcoa y Navarra, adaptados a sus respectivas normativas tributarias. Su aplicación responde a las competencias fiscales de los territorios forales que les permiten establecer mecanismos propios en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades.
Cómo funciona exactamente el incentivo fiscal 64Bis
El sistema conecta a dos empresas con funciones diferentes. Por un lado, la compañía que desarrolla el proyecto de I+D+i, que mantiene la titularidad de sus resultados. Por otro, la empresa financiadora, que aporta recursos económicos y puede aplicar la deducción fiscal correspondiente en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.
La normativa establece condiciones para formalizar la operación, entre ellas la identificación del proyecto, las aportaciones y las empresas participantes. La deducción que puede aplicar la parte financiadora no puede superar el 120% de las cantidades desembolsadas. El mecanismo también evita que ambas compañías apliquen simultáneamente el mismo incentivo fiscal.
De esta manera, una empresa innovadora puede obtener financiación privada sin tener que ceder la propiedad intelectual o industrial de los resultados. La financiadora, por su parte, obtiene un incentivo fiscal por contribuir al desarrollo de la actividad investigadora o innovadora.
Mucho más que simplemente la financiación del proyecto
El funcionamiento del 64Bis ha sido analizado por investigadores de las universidades de Granada, Edimburgo, Berkeley y Deusto. El trabajo, titulado Blazing the trail: Describing and assessing a new policy instrument whereby indirect tax incentives fuel collaborative innovation, se publicó en octubre de 2025 en Research Policy, revista internacional especializada en políticas de innovación. El equipo estudió empresas que participaron en el mecanismo entre 2017 y 2021. Para evaluar sus resultados combinó información financiera con encuestas a compañías beneficiarias y utilizó un grupo de empresas comparables que no habían participado en la iniciativa.
Los resultados apuntan a un crecimiento de los activos intangibles superior entre las empresas beneficiarias. Según los datos difundidos sobre el estudio, cuatro años después de recibir el apoyo, estos activos habían aumentado aproximadamente un 15%, mientras que en el grupo de comparación permanecieron prácticamente estables.
La investigación analiza también las condiciones que favorecen que la relación entre financiador y empresa innovadora vaya más allá de una operación económica. El objetivo es determinar cuándo la financiación genera intercambios de conocimiento, nuevas relaciones empresariales y oportunidades de colaboración que pueden prolongarse más allá del proyecto inicial. Este aspecto amplía la perspectiva habitual sobre los incentivos fiscales. Además de movilizar recursos privados, el mecanismo puede contribuir a conectar empresas con capacidades, conocimientos y necesidades complementarias. El estudio, no obstante, señala que esos resultados dependen de cómo se articulen las relaciones entre los participantes.
El PNV plantea extender una fórmula similar al régimen común
El PNV planteó modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades para permitir que las empresas que financien proyectos de investigación, desarrollo e innovación realizados por terceros puedan aplicar las deducciones fiscales generadas por esas actividades.
La iniciativa, presentada mediante una enmienda que ha decaído durante su tramitación, pretendía incorporar un mecanismo de participación de empresas financiadoras en proyectos desarrollados por otras. La propuesta contemplaba que la compañía que ejecuta el proyecto conservara la propiedad intelectual e industrial de los resultados, mientras que la financiadora pudiera beneficiarse del incentivo fiscal.
El diseño también incluía un límite del 120% sobre las cantidades aportadas, así como la incompatibilidad total o parcial entre las deducciones aplicadas por la empresa financiadora y las que corresponderían a la compañía que desarrolla el proyecto. También exigía formalizar un contrato de financiación y comunicar la operación a la Administración tributaria. Era, en definitiva, una traslación de la medida aplicada en el País Vasco y Navarra al resto de España.
Incentivos fiscales para atraer inversión privada
La experiencia de Vizcaya ofrece un caso práctico para analizar cómo los incentivos fiscales pueden complementar las subvenciones y otras herramientas públicas de apoyo a la innovación. Su interés no reside únicamente en facilitar financiación a empresas que todavía no pueden aprovechar sus propias deducciones, sino también en la posibilidad de crear vínculos entre compañías y favorecer la transferencia de conocimiento.
La investigación publicada en Research Policy aporta evidencia sobre estos efectos y plantea que los incentivos fiscales indirectos pueden contribuir a desarrollar sistemas de innovación colaborativa. Para las políticas públicas, el reto consiste ahora en identificar qué condiciones permiten que la relación entre financiadores y empresas innovadoras genere resultados duraderos.
La iniciativa parlamentaria del PNV situó esta posibilidad en el debate sobre una eventual extensión del modelo al régimen común. Aunque la enmienda no prosperó, el caso de los territorios forales y los resultados del estudio ofrecen elementos para valorar el papel que podría desempeñar este tipo de instrumentos en la financiación privada de la I+D+i española.





