España afronta 2027 con una aparente paradoja en materia de innovación: las empresas muestran una de las mayores intenciones de inversión del panorama internacional, pero al mismo tiempo reducen la planificación estratégica y aumenta la desconfianza hacia el respaldo público. El VIII Barómetro Internacional de la Innovación de Ayming sitúa al país entre los que presentan una mayor intención de incrementar sus presupuestos de innovación durante el próximo año, en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la inteligencia artificial y la presión sobre las cadenas de suministro.
El estudio, elaborado a partir de las respuestas de 850 directivos de I+D e innovación, CEO, responsables financieros y tecnológicos de 17 países, muestra que el 83% de las empresas españolas prevé aumentar su presupuesto de innovación en 2027. El porcentaje iguala a Estados Unidos y supera la media global, situada en el 78%, además de situarse por encima de Alemania, Italia y Francia.
España eleva su apuesta por la innovación
La innovación ocupa una posición cada vez más relevante entre las prioridades empresariales españolas. El 41% de las compañías consultadas la sitúa entre sus principales prioridades, por delante de la media global, que se queda en el 30%. Por delante aparecen únicamente otros objetivos empresariales vinculados al crecimiento y la eficiencia, mientras que la innovación se consolida como una herramienta para mejorar la competitividad en un entorno de transformación tecnológica acelerada.
El esfuerzo inversor también muestra una elevada intensidad en una parte significativa del tejido empresarial. El 22% de las compañías españolas encuestadas asegura destinar al menos el 10% de sus ingresos a innovación, frente al 20% de media global, mientras que otro 35% dedica entre el 4% y el 6%. Sin embargo, existe una importante dispersión: un 11% de las empresas todavía destina un 3% o menos de sus ingresos a estas actividades, frente al 7% registrado a escala internacional.
España también destaca por la concentración de la actividad de I+D dentro de sus fronteras. El 85% de las empresas encuestadas desarrolla su actividad de I+D principalmente en España, frente al 61% del año anterior. El porcentaje coloca al país por delante de China y Países Bajos, ambos con un 84%, y de Estados Unidos, con un 82%, según los datos recogidos por Ayming.
Menos confianza en el respaldo público
El problema aparece cuando se analiza la relación entre esta voluntad de invertir y la percepción que tienen las empresas sobre el entorno institucional. El 16% de las compañías españolas manifiesta poca o ninguna confianza en que la estrategia nacional contribuya a respaldar sus esfuerzos de innovación ante el nuevo escenario geopolítico. El porcentaje supera la media global, del 13%, y se encuentra por encima de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
La diferencia es todavía mayor cuando se observa el tamaño empresarial. Un 22% de las pequeñas empresas españolas expresa poca o ninguna confianza en el respaldo de la estrategia nacional, frente al 12% de las grandes compañías. Esta brecha resulta especialmente relevante en un ecosistema en el que las pymes cuentan con menos recursos internos para afrontar procesos de innovación, acceder a financiación y asumir la complejidad administrativa asociada a los incentivos disponibles.
El barómetro también refleja cambios en las fuentes de financiación utilizadas por las empresas. La autofinanciación continúa siendo la principal vía, con un 46%, seguida por el capital, con un 42%. Mientras tanto, las ayudas públicas reducen su peso del 46% al 37% y las deducciones fiscales registran una caída todavía mayor, del 49% al 36%.
La inseguridad jurídica en el uso del Tax Lease como ejemplo
El informe de Ayming no cita ejemplos concretos de a qué se debe esta pérdida de confianza pero en este medio podemos señalar uno de ellos. El Tax Lease es una fórmula contemplada en nuestro sistema que permite intercambiar deducciones fiscales e inversión. Un método al alza ya que permite a los entes innovadores, en sus etapas más tempranas, sacar partido a las deducciones fiscales que le corresponden y así contar con la financiación necesaria para impulsar su proyecto.
La fórmula estaba más que asentada y validada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con sus Informes Motivados Vinculantes. Sin embargo, desde hace unos años, la Agencia Tributaria se ha dedicado a cuestionar esas deducciones por la naturaleza de los proyectos (negando que fueran innovadores) y por los márgenes comerciales (acusando a los entes de simulación). De tal forma, un ministerio avala tu proyecto a la par que otro lo desacredita. Esto último ha sido zanjado por la justicia que ha prohibido a Hacienda cuestionar las cuestiones técnicas de los proyectos. La pérdida de confianza en lo público es, sin embargo, inevitable.
Solo el 28% tiene una estrategia de innovación escrita
Volviendo al informe, uno de los datos que más contrasta con el aumento previsto de la inversión es el retroceso de la planificación. Solo el 28% de las empresas españolas dispone actualmente de un documento que recoge su estrategia de innovación para los próximos años, frente al 42% del ejercicio anterior. El descenso es de 14 puntos porcentuales y deja a España por debajo de la media internacional, situada en el 38%.
La distancia aumenta frente a algunos de los países que presentan mejores resultados. China alcanza el 59% de empresas con una estrategia de innovación documentada e Irlanda el 56%. Además, el tamaño empresarial vuelve a marcar diferencias: el 37% de las grandes compañías dispone de una estrategia detallada, mientras que entre las pequeñas el porcentaje se reduce al 20%.
El reto no es solo movilizar más fondos
La discusión sobre el volumen de financiación aparece acompañada por otra cuestión: la capacidad de las empresas para absorberla y convertirla en proyectos con resultados. Paco Marín, presidente del Consejo Asesor de Ayming y antiguo director general del CDTI, pone el foco precisamente en la calidad de las iniciativas y no únicamente en la cantidad de recursos movilizados.
La advertencia apunta a uno de los problemas habituales de las políticas de innovación: incrementar los fondos disponibles no garantiza por sí mismo una mayor capacidad innovadora si las compañías carecen de talento, infraestructuras, capacidades de gestión o proyectos suficientemente maduros. La capacidad de asimilación de las empresas también condiciona el impacto que pueden generar las ayudas y la inversión adicional.
El propio Tribunal de Cuentas ha señalado en 2026 que la estrategia española de ciencia e innovación necesita reforzar la medición de resultados, la definición de objetivos, el seguimiento y la evaluación de impacto, además de garantizar sus fuentes de financiación. El diagnóstico introduce un elemento adicional en el debate: no basta con disponer de recursos, también es necesario conocer qué resultados producen y cómo se transforman en capacidades económicas y tecnológicas.
La inteligencia artificial entra en el centro de la estrategia
La inteligencia artificial aparece como una de las principales tecnologías alrededor de las cuales las empresas españolas están reorganizando sus prioridades. El 31% de las compañías sitúa la implementación de IA entre sus principales prioridades de innovación, solo por detrás de la optimización de operaciones, que alcanza el 37%. Otro 29% señala la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
El potencial de la IA también se refleja cuando las empresas analizan las fuentes de ventaja competitiva. El 41% considera que utilizar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa es la principal oportunidad, seguido por el desarrollo de nuevos productos y servicios, con un 30%. Al mismo tiempo, el 37% identifica como principal riesgo de no innovar quedarse atrás en tecnologías consideradas críticas.
El resultado es un escenario en el que España presenta una fuerte intención de invertir en innovación, una elevada concentración de la actividad de I+D dentro del país y una creciente atención hacia tecnologías como la inteligencia artificial. Sin embargo, los datos de Ayming muestran que esa apuesta convive con una menor planificación estratégica y con una confianza limitada en la capacidad de las políticas públicas para acompañar a las empresas. El reto para los próximos años no parece estar únicamente en movilizar más recursos, sino en conseguir que inversión, estrategia, financiación y capacidad de ejecución avancen en la misma dirección.
