Siempre la misma historia. El Gobierno central o cualquier administración pública presenta un programa de ayudas para la investigación, el desarrollo y la innovación. Las cifras en bruto suenan requetebién y transmiten la idea de que existe un gran compromiso con la I+D+I. Esto es sobre el papel. La realidad es muy distinta. Un parte sustancial de ese dinero que se anuncia a bombo y platillo nunca se materializa. Nunca llega a convertirse en proyectos, contratos, infraestructuras o innovación.
Pongamos un ejemplo con los datos más recientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En 2024, el presupuesto destinado a la política de I+D+I ascendió a 19.933 millones de euros. Sin embargo, la ejecución efectiva fue de 13.606 millones. En otras palabras, quedaron sin ejecutar 6.327 millones de euros. Uno de cada tres euros presupuestados no llegó al ecosistema investigador e innovador. La tasa de inejecución fue del 31,7%. Existe una brecha considerable entre lo anunciado y lo realmente invertido pero al político qué más le da, el titular ya está en los medios de comunicación: «la mayor inversión en I+D+I de la historia».
Mal vamos cuando el éxito de una política pública se mide exclusivamente por el presupuesto aprobado sin observar la ejecución real del mismo. El ciudadano recibe el mensaje de que la ciencia dispone de recursos como nunca antes, mientras muchos investigadores experimentan retrasos en convocatorias, procesos administrativos complejos o dificultades para incorporar personal. La calidad de una política científica no debería medirse por cuánto se promete gastar, sino por cuánto consigue transformar esa inversión el conocimiento y la innovación.
Una reflexión necesaria y obligada
Los datos hablan por sí mismos e invitan al propósito de enmienda. Si cualquier empresa anunciara una inversión de 20.000 millones y al finalizar el año hubiera ejecutado únicamente dos tercios, aflorarían las preguntas: ¿qué ha pasado con el resto de la inversión?. En el sector público, el foco no suele estar en la capacidad real de convertir esos recursos en actividad científica e innovadora.
La diferencia no es menor. Un presupuesto es una autorización para gastar; la ejecución es el gasto que realmente llega al sistema científico. Los laboratorios no investigan con créditos presupuestarios. Los investigadores no contratan personal con partidas anunciadas. Las empresas innovadoras no desarrollan nuevos productos con las declaraciones en rueda de prensa. Lo hacen cuando los recursos llegan efectivamente a las convocatorias, se resuelven los expedientes y el dinero termina financiando proyectos concretos.
Es cierto que la situación ha mejorado en los últimos años. En 2018, el Estado apenas ejecutó la mitad del presupuesto destinado a I+D+I (el 50,4%). La evolución hasta la cifra actual demuestra un aumento de la capacidad de gestión pero también significa que queda mucho camino por recorrer. No hay que conformarse.
Los fondos europeos explican parte de la baja ejecución
Desde 2021 una proporción creciente del presupuesto procede de los fondos europeos Next Generation que llegarán a su fin este mes de agosto. Estos recursos pueden ejecutarse durante varios ejercicios, por lo que una parte de los créditos no gastados en un año no se pierde, sino que puede trasladarse a ejercicios posteriores. De hecho, más de la mitad del importe no ejecutado en 2024 correspondía precisamente a financiación europea. Esta circunstancia matiza el diagnóstico, pero no elimina el problema de fondo. La capacidad administrativa para transformar recursos disponibles en inversión efectiva sigue dejando mucho que desear. Este curso, por ejemplo, no habrá excusa ya que los fondos europeos no ejecutados no se podrán prorrogar.
Fondos sin ejecutar pese a estar por debajo de la media de la UE
El país continúa invirtiendo en I+D por debajo de la media europea en porcentaje del PIB. Estamos en el 1,50% frente al 2,24% de la UE. En este contexto, disponer de recursos presupuestarios que permanecen sin ejecutar tiene un coste de oportunidad altísimo ya que dejamos de reforzar a las universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras.
Por supuesto, no sería justo ignorar los avances. España ha incrementado de forma notable los recursos destinados a la I+D+I y la ejecución presupuestaria ha mejorado en los últimos años pero precisamente porque el esfuerzo presupuestario es mayor que nunca, la exigencia también debe serlo. Anunciar 20.000 millones genera titulares. Ejecutarlos genera investigación e innovación. Entre una cosa y la otra queda un tercio de por medio.
