España está un paso más cerca de convertirse en sede de una de las grandes gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. Un proyecto para reforzar su autonomía tecnológica frente a Estados Unidos y China. La Comisión Europea ha autorizado la creación de la empresa conjunta formada por Telefónica, ACS, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). El organismo europeo considera que la operación cumple con las normas comunitarias de control de concentraciones y no plantea problemas de competencia.
La autorización supone un avance para la candidatura española, aunque no implica todavía que España haya conseguido una de las gigafactorías. La Comisión abrió el pasado mes de julio el proceso para seleccionar hasta siete instalaciones europeas y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre. Bruselas prevé comunicar su decisión a comienzos de 2027. Hasta ahora se han recibido 77 propuestas de 16 Estados miembros.
La propuesta española, respaldada también por Portugal, contempla una inversión de hasta 5.000 millones de euros y una infraestructura multisede con instalaciones en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). El proyecto pretende crear una gran capacidad europea de computación destinada al entrenamiento y ejecución de modelos avanzados de inteligencia artificial, reduciendo la dependencia de infraestructuras tecnológicas situadas fuera de la Unión Europea.
El proyecto cuenta con una participación pública mayoritaria en la sociedad que presenta la candidatura. La SETT controla el 47,99% del capital, mientras que Telefónica, ACS y Banco Santander disponen cada una de un 15,67%. Multiverse Computing participa con un 4% y la Generalitat de Catalunya con el 1%. En junio, el Gobierno autorizó una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT para incorporarse al consorcio público-privado. La aportación pública forma parte de la estrategia española para desarrollar capacidades propias de computación avanzada y se canaliza mediante la SETT y la facilidad Next Tech, con fondos procedentes del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar inversión privada y dotar a España y Europa de una infraestructura capaz de proporcionar capacidad de cálculo avanzada a empresas, centros de investigación y administraciones.
Una infraestructura de hasta 125 MW
La gigafactoría se plantea inicialmente con una potencia de alrededor de 50 megavatios, aunque el proyecto contempla elevar su capacidad hasta los 125 MW en una segunda fase. Los promotores aspiran a que la infraestructura pueda estar operativa en 2028 y calculan que podría generar alrededor de 2.000 empleos, además de favorecer la llegada de nuevas empresas tecnológicas y proyectos de investigación al entorno.
La escala de la instalación responde a las enormes necesidades de computación de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Las gigafactorías europeas están concebidas como centros de datos especializados capaces de albergar cientos de miles de GPU para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje, sistemas de visión artificial y otras aplicaciones de IA de alta demanda computacional.
La sostenibilidad será otro de los elementos relevantes de la candidatura española. En el caso de Móra la Nova, los promotores plantean utilizar energía renovable y sistemas de refrigeración en circuito cerrado para limitar el consumo de agua. El diseño busca así responder a uno de los principales retos asociados a las grandes infraestructuras de IA: el elevado consumo energético y de recursos que exige la computación de alto rendimiento.
Bruselas quiere reducir la dependencia tecnológica europea
La candidatura española se enmarca en InvestAI, la iniciativa comunitaria con la que Bruselas pretende acelerar el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial en Europa. La Comisión ha previsto movilizar hasta 30.000 millones de euros para las primeras siete gigafactorías, combinando financiación europea, aportaciones de los Estados miembros y capital privado.
El objetivo es afrontar una de las principales debilidades de Europa en la carrera mundial por la IA: la falta de capacidad de computación y de inversión a la escala de sus competidores. Según la OCDE, alrededor del 75% del capital riesgo destinado a IA en 2025 se dirigió a Estados Unidos, frente a aproximadamente el 6% correspondiente a la Unión Europea.
La Comisión Europea considera las gigafactorías una infraestructura estratégica para construir una capacidad propia de entrenamiento e inferencia de modelos de IA y reforzar la soberanía tecnológica comunitaria. El proyecto español encaja precisamente en esta estrategia, al combinar financiación pública, grandes empresas industriales y tecnológicas y capacidades de computación que pueden quedar disponibles para el ecosistema europeo.
España compite con Francia, Alemania y otros países
La propuesta española tendrá que enfrentarse a candidaturas de otros Estados miembros. Francia, por ejemplo, ha presentado un proyecto con una inversión prevista cercana a los 9.000 millones de euros y con la participación de empresas como Orange, Capgemini y EDF. Alemania también aspira a albergar una de las instalaciones, mientras que Polonia y Lituania han planteado una candidatura conjunta.
La competencia será, por tanto, elevada. La Comisión ha recibido 77 propuestas de 16 países y ha ampliado de cinco a siete el número máximo de gigafactorías que pretende seleccionar inicialmente. Las candidaturas deberán demostrar no solo capacidad financiera e industrial, sino también disponibilidad energética, eficiencia, sostenibilidad y capacidad para ofrecer servicios de computación avanzada al ecosistema europeo.
Para España, la candidatura representa una oportunidad que va más allá de albergar un gran centro de datos. Una gigafactoría podría convertirse en una pieza estratégica para el desarrollo de empresas de IA, proyectos científicos y nuevas aplicaciones industriales. Además, daría acceso a una capacidad de computación que actualmente resulta escasa y costosa en Europa.
La autorización de Bruselas al consorcio formado por Telefónica, ACS, Santander y SETT elimina uno de los obstáculos administrativos de la candidatura, pero todavía queda la decisión más importante. España deberá convencer a la Comisión Europea de que su propuesta, junto con Portugal, ofrece las condiciones necesarias para convertirse en una de las grandes infraestructuras de IA sobre las que Bruselas quiere construir la autonomía tecnológica europea.
