El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) ha puesto en marcha la convocatoria Misiones Ciencia e Innovación 2026 dotada con 60 millones de euros. Estas subvenciones están destinadas a impulsar grandes proyectos estratégicos de I+D en España. La iniciativa forma parte del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación que busca reforzar la colaboración entre empresas y organismos de investigación.
El programa financiará proyectos de investigación en cooperación empresarial orientados a resolver desafíos clave de la sociedad, mejorar la base tecnológica del tejido productivo y acelerar la transferencia de conocimiento al mercado. Estas iniciativas deberán desarrollarse en consorcios para fomentar la colaboración público-privada como eje central del sistema de innovación.
Proyectos de entre 3,5 y 10 millones de euros
Los proyectos financiados serán de gran dimensión, con presupuestos que oscilarán entre 3,5 y 10 millones de euros por propuesta con una duración de entre tres y cuatro años. Además, cada proyecto deberá contar con la participación de varias empresas (incluyendo pymes) y la colaboración de centros de investigación. El porcentaje de las actividades de investigación en el presupuesto elegible deberá ser, al menos, del 40%. El objetivo del CDTI es crear ecosistemas de innovación capaces de generar soluciones aplicables a medio y largo plazo.
Sesión de trabajo el 11 de mayo a las 11:00.
Para ampliar la información, también se puede asistir de forma telemática a la sesión de trabajo prevista para el lunes 11 de mayo de 11:00 a 12:30.
La disparidad entre el CDTI y la AEAT que genera inseguridad jurídica
Medidas como esta muestran la doble cara del Ejecutivo en relación a la I+D+I. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades impulsa la colaboración público-privada en el ecosistema innovador. Mientras tanto, la Agencia Tributaria no allana el camino a la actividad y la castiga poniendo en el foco sobre figuras clave de la financiación como es el caso del Tax Lease.
Hacienda está endureciendo las inspecciones. Cuestiona el margen del desarrollador en la ejecución del proyecto innovador y la rentabilidad razonable de los inversores de las Asociaciones de Interés Económico (AIE), entre otras cosas. En definitiva, acusa de simulación a las empresas que emplean esta fórmula. Les impone sanciones durísimas (superiores en a veces al coste total del proyecto) que, en ocasiones, culminan con el cierre de la sociedad.
Irremediablemente, esta falta de previsibilidad, confianza y seguridad jurídica tiene un gran coste. Según el informe de AMETIC en 2024 «La deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el desarrollo de software», esta situación ha reducido de forma significativa la inversión privada en I+D+I provocando la cancelación, el retraso o la reducción de proyectos. Así, tampoco es de extrañar, como recoge el informe, el desplazamiento de inversión hacia países con mayor seguridad jurídica.
