El sector público estatal ejecutó en 2025 la cifra récord de 15.676 millones de euros en I+D+I superando en más de 2.000 millones el máximo anterior, según datos de la Fundación Cotec. El motor de ese récord es la defensa. Hasta 2024, el crecimiento de la inversión pública en I+D+I se sostenía casi en exclusiva sobre los fondos del Plan de Recuperación post-pandemia.
En 2025, esos recursos cayeron de 11.218 a 6.544 millones de euros, prácticamente a la mitad. Lo que podría haber desembocado en una crisis de financiación se resolvió con un salto masivo del esfuerzo nacional propio que creció un 60% (5.253 millones adicionales) hasta rozar los 14.000 millones. El factor que explica ese salto es la defensa, que pasó de representar el 9,2% del presupuesto total de I+D+I a concentrar casi una tercera parte: el 29,3%. En términos absolutos, el presupuesto destinado a I+D+I militar se disparó un 226%, pasando de 1.842 millones en 2024 a 6.000 millones en 2025.
Los Programas Especiales de Modernización y sus campeones nacionales
El mecanismo que explica este salto son los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) lanzados por el Gobierno el año pasado. Unos planes que le permitieron elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB comprometido con la OTAN. Estos programas combinan la aportación de nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas con un fuerte componente de I+D.
La distribución de los contratos muestra una notake concentración. El Ejecutivo eligió a tres empresas como tractoras del proceso: Airbus para la industria militar aérea, Navantia para la naval e Indra para la terrestre. Entre las tres concentraron el 98%. Entre los contratos adjudicados destacan los megaproyectos de artillería sobre rueda y cadenas, repartidos entre Indra y Escribano por un valor conjunto de 7.240 millones; la renovación de las fragatas F-100 de Navantia por 3.200 millones; o el desarrollo del sistema de entrenamiento de pilotos de caza y los nuevos aviones Saeta II de Airbus por 2.600 millones. Indra y Airbus también se repartieron los 700 millones del desarrollo de la parte española del FCAS, el sistema aéreo de combate europeo que finalmente ha sido cancelado.
La estructura del gasto: crédito sobre subvención
De los 6.000 millones presupuestados para I+D+I en defensa, 5.711 millones (95%) corresponden a préstamos y anticipos reembolsables a la industria, no a subvenciones directas. Como consecuencia, el gasto financiero ha recuperado su posición mayoritaria, representando ya el 60,9% del gasto público total en I+D. Esta estructura basada en el crédito tiene una ventaja inmediata y es que los préstamos públicos al 0% resultan extraordinariamente atractivos para las empresas. Así, no es de extrañar que la tasa de ejecución presupuestaria se haya disparado hasta el 76,4%. Es su mejor nivel en 15 años.
Fondos sin ejecución en el I+D civil
A pesar de disponer de un presupuesto total de 20.500 millones, quedaron sin ejecutar 4.835 millones de euros. Esa inejecución se concentra en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dejó sin utilizar más de 3.000 millones. La mayoría son partidas de créditos que no encuentran en el mercado civil la misma demanda que en el militar. Mientras la industria militar vive una época dorada con contratos masivos y financiación atractiva, los recursos destinados a organismos de investigación civil básica avanzan a un ritmo mucho más lento. El dinero está presupuestado, pero no llega.
El récord de 2025 es significativo pero una política de I+D+I construida sobre contratos de armamento y préstamos industriales es estructuralmente diferente a una basada en ciencia básica, investigación universitaria y transferencia de conocimiento. España ha dado un salto cuantitativo enorme. El reto es convertirlo en un avance también cualitativo que se mantenga a largo plazo.
