El Gobierno ha aprobado la Estrategia Deep Tech 2026-2030 con un presupuesto de 8.120 millones de euros. Una hoja de ruta para que los avances del sistema público de investigación lleguen al mercado y generen industria, empleo y contribuyan a la soberanía tecnológica. España goza de un sistema científico de primer nivel. Lo que le ha faltado, históricamente, es el puente entre ese conocimiento y el mercado. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tiene como objetivo transformar las altas capacidades científicas de España en liderazgo tecnológico.
Los tres ejes de la estrategia DeepTech
Las DeepTech se caracterizan por presentar altas barreras de entrada, largos plazos de maduración y elevados riesgos tecnológicos y financieros. Hechos que requieren un papel activo del sector público para facilitar su avance, movilizar inversión privada y reducir la brecha existente entre la investigación y el mercado.
La respuesta del Gobierno se articula en tres ejes.
- El primero refuerza las capacidades científicas base del país, con proyectos como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en Cáceres, el Centro Nacional de Neurotecnología o el acelerador de hadronterapia de Valencia.
- El segundo eje, y el más voluminoso en recursos, se centra en las empresas. El 80% de la estrategia se destinará a apoyar a empresas innovadoras que quieran entrar en el desarrollo de tecnologías profundas. La estrategia prevé apoyar a unas 1.000 startups vinculadas al sistema público de investigación.
- El tercer punto aborda el marco normativo. Se contempla la adaptación regulatoria para facilitar el desarrollo tecnológico y dotar de mayor flexibilidad a los procesos de investigación e innovación. Todo ello con el fin de mejorar la competitividad frente a otros países.
Colaboración público-privada como palanca
El Gobierno no pretende financiar todo con dinero público. La estrategia prevé fomentar modelos de colaboración público-privada y activar mecanismos que impulsen la demanda de innovación. El fin es acelerar la llegada al mercado de los desarrollos científicos. No es de extrañar un impulso de este calibre a la actividad innovadora que cada vez asume más peso en la economía española. Sin ir más lejos, actualmente, uno de cada cinco nuevos empleos creados en España está vinculado al I+D+I.
El reto que afronta este plan público, como cualquier otro, es la ejecución presupuestaria. 8.120 millones presupuestados pero, ¿cuánto llegará realmente al tejido innovador para impulsar la DeepTech? Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo se ejecutó el 68,3% del presupuesto destinado a I+D+I en 2024. De tal forma, cabe el miedo razonable a que gran parte del importe se pierda por el camino.
Impulso por un lado, trabas por otro
El Gobierno, con planes como este, da a entender que está comprometido con la innovación española. Sin embargo, la realidad es más bien ambigua. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se impulsa la colaboración público-privada en el ecosistema innovador mientras que la Agencia Tributaria se dedica a poner palos en las ruedas. Ejemplo de ello es la figura del Tax Lease que tanto ayuda a financiar proyectos I+D+I.
Hacienda está endureciendo las inspecciones. Cuestiona el margen del desarrollador e incluso la rentabilidad razonable de los inversores de las Asociaciones de Interés Económico (AIE). En las inspecciones, la AEAT acusa de simulación a las empresas que emplean esta fórmula de financiación. Actualmente, está imponiendo sanciones desproporcionadas que son incuso superiores en ocasiones al coste total del proyecto.
Sin embargo, a la Agencia Tributaria parece importarle poco si sus acciones se ajustan a derecho. Es más de disparar primero y preguntar después como ha demostrado el fallo de la Audiencia Nacional sobre el caso de Shakira. Hacienda ha sido condenada a devolverle a la cantante 55 millones de euros, con los intereses correspondientes. Además, del reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido para defenderse. Pero qué más le da a la Agencia Tributaria, si ya pagan el resto de los españoles sus errores o su mala fe.
Así, esta falta seguridad jurídica en el I+D+I y en otras activifades tiene un gran coste para la economía española. Según el informe de AMETIC en 2024 «La deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el desarrollo de software», esta situación ha reducido de forma significativa la inversión privada en I+D+I. Un hecho que ha llevado a la cancelación, el retraso o la reducción de proyectos. Así la inversión huye hacia otros países con mayor seguridad jurídica.
