El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en un artículo de opinión publicado por Bloomberg la necesidad de regular de forma anticipada la expansión de los centros de datos en España. Según plantea, el crecimiento de estas instalaciones debe ir acompañado de nueva capacidad renovable y de requisitos sobre eficiencia energética e hídrica.
Sánchez sostiene que España debe evitar que el desarrollo de estas infraestructuras aumente la presión sobre el sistema eléctrico. «Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios», afirma en el artículo. El presidente plantea vincular el crecimiento de los centros de datos a la capacidad energética disponible en cada momento.
La publicación de este artículo coincide con el proyecto de real decreto que prepara el Gobierno. La norma establecería requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estos centros. También incluiría condiciones de resiliencia y soberanía digital. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió el trámite de audiencia e información pública el 27 de agosto por la vía de urgencia.
El periodo para presentar alegaciones terminó el 10 de septiembre. Según el material facilitado, la norma se encuentra ahora en fase de análisis de las aportaciones recibidas. El Gobierno debe elaborar los informes necesarios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El borrador se aplicaría a los centros de datos con una potencia de acceso a la red igual o superior a un megavatio.
El 80% del consumo deberá cubrirse con renovables
El proyecto incluye tanto nuevos proyectos como instalaciones que ya disponen de permisos pero todavía no se han conectado a la red. Una de las principales exigencias consiste en que estas instalaciones cubran el 80% de su consumo energético total con nueva generación renovable. Esto podría lograrse mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo.
El proyecto incorpora además requisitos relacionados con el consumo de energía y agua. Los operadores deberán facilitar indicadores clave de rendimiento. Estos indicadores permitirán evaluar y comparar el uso de estos recursos entre distintas instalaciones. El objetivo declarado es disponer de información homogénea sobre el funcionamiento de los centros de datos y evitar consumos considerados innecesarios.
La red eléctrica, un «activo estratégico escaso»
En su artículo, Sánchez defiende que el acceso a la red eléctrica debe considerarse un activo estratégico escaso. Por ello, sostiene que no debería quedar comprometido por proyectos que no acrediten su viabilidad o una contribución significativa a la economía. El presidente vincula además la llegada de nuevos grandes consumidores eléctricos al desarrollo de generación renovable.
Según defiende en el texto, cualquier incremento de la demanda eléctrica debería ir acompañado de capacidad renovable adicional. De este modo, los nuevos centros de datos no deberían desplazar la demanda eléctrica ya existente. Tampoco deberían aumentar la dependencia de los combustibles fósiles. En su lugar, deberían contribuir a generar nuevas inversiones en energías renovables.
«La regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva»
Sánchez defiende en su artículo que la regulación no pretende frenar el crecimiento de los centros de datos ni limitar la innovación. Según explica, el objetivo es establecer condiciones para que la expansión de estas instalaciones sea compatible con las necesidades energéticas y ambientales del país.
El presidente sostiene que «la experiencia económica enseña una lección sencilla: la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva». Añade que esto «es, desde luego, mucho mejor que la ausencia de intervención». Defiende además que «contar con reglas claras desde el principio permite separar los proyectos responsables de los insostenibles, alinear los incentivos privados con el interés público y garantizar que la inversión y el crecimiento vayan de la mano de la protección de los recursos críticos y de las comunidades». Concluye que «no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz».
Un debate con posiciones enfrentadas
La propuesta llega en un contexto de debate sobre el equilibrio entre el crecimiento del sector de los centros de datos y la disponibilidad de recursos energéticos. Distintas voces del sector empresarial y de algunas comunidades autónomas han expresado su preocupación por el impacto que la nueva regulación podría tener sobre las inversiones ya comprometidas en España, mientras el Gobierno defiende que un marco regulatorio anticipado es preferible a una intervención posterior una vez el crecimiento del sector ya se haya producido.
Ejemplo de esa oposición al real decreto es la de la Asociación Española de Data Centers, Spain DC. Sostiene que España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. La asociación advierte de que las nuevas condiciones afectan también a proyectos iniciados bajo el marco anterior y que llevan años de desarrollo. En esos casos, el periodo de adaptación es de apenas seis meses. A su juicio, esto plantea problemas de seguridad jurídica y proporcionalidad para inversiones. SpainDC asegura que algunos promotores están empezando a valorar otros mercados europeos como alternativa
