Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 6.000 millones vinculados a Indra y Escribano

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de grandes programas militares y en la concesión de préstamos públicos destinados a financiar la modernización de las Fuerzas Armadas. La investigación analiza operaciones por más de 6.000 millones de euros que, según una denuncia, habrían beneficiado a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Las diligencias se iniciaron en enero de 2026, después de que un particular presentara una denuncia en diciembre de 2025. El escrito alertaba de un posible patrón de adjudicaciones favorables a ambas compañías desde 2020 y señalaba posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Alrededor de 6.077 millones de euros de los programas analizados habrían terminado en Indra o en uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa junto a Escribano. Esta cifra forma parte de las alegaciones recogidas en la denuncia y no representa una cantidad de dinero defraudada acreditada.

El programa de vehículos 8×8 y el lanzacohetes SILAM, en el punto de mira

Entre las adjudicaciones cuestionadas figura el programa de vehículos de combate 8×8, valorado en unos 2.100 millones de euros. El contrato fue adjudicado en 2020 a TESS Defence, un consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA. También aparece el sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones de euros a una UTE formada por Escribano y Rheinmetall Expal. El contrato fue posteriormente anulado en septiembre de 2025.

La denuncia cuestiona, además, los procedimientos utilizados para adjudicar determinados programas y el grado de competencia existente en las licitaciones. La investigación deberá determinar si las decisiones administrativas se ajustaron a la normativa y si existieron actuaciones irregulares.

Préstamos públicos a interés cero para modernizar la industria de Defensa

Otro de los aspectos bajo examen es la financiación pública concedida para desarrollar los programas militares. En octubre de 2025, el Gobierno activó 6.890 millones de euros en créditos destinados a 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Según el desglose incluido en la denuncia, el 94,5% de esa cantidad habrían recaído en Indra, sus filiales o consorcios en los que participa.

Los préstamos contemplaban un interés del 0% y, con carácter general, no exigían avales ni garantías patrimoniales. La denuncia cuestiona las condiciones de concesión y el reparto de estos recursos públicos. Estos instrumentos financieros forman parte de la política de apoyo a la industria nacional de Defensa, un sector que requiere inversiones elevadas en investigación, desarrollo tecnológico, fabricación y capacidades industriales. La investigación de Anticorrupción se centra en determinar si la concesión de los créditos y la selección de las empresas beneficiarias se realizaron conforme a los procedimientos exigibles.

La contratación pública, bajo escrutinio en un sector estratégico

La investigación se produce en un momento de aumento de las inversiones destinadas a reforzar las capacidades militares y tecnológicas españolas. Los programas de Defensa movilizan recursos públicos de gran volumen y afectan a sectores industriales con un importante componente de innovación, desde los sistemas de combate y la electrónica hasta las comunicaciones, la sensórica y las tecnologías de uso dual.

La transparencia en los procedimientos de adjudicación y la supervisión de los instrumentos de financiación pública resultan especialmente relevantes en este contexto. El reto consiste en compatibilizar las necesidades de seguridad nacional y el desarrollo de una industria tecnológica propia con garantías de competencia, control y rendición de cuentas.

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