España se ha convertido en uno de los mercados europeos con mayor atractivo para el despliegue de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. La disponibilidad de energía renovable, suelo y buenas conexiones digitales está favoreciendo la llegada de nuevos proyectos, pero el fuerte crecimiento de las solicitudes de acceso a la red eléctrica también ha llevado al Gobierno a plantear un nuevo marco regulatorio. El objetivo es que la expansión de estas infraestructuras estratégicas se produzca con mayores garantías de sostenibilidad, eficiencia energética, seguridad y soberanía digital.
El Consejo de Ministros autorizó el 25 de agosto la tramitación administrativa urgente de un proyecto de Real Decreto que establecerá nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. El texto será sometido a audiencia pública y responde al fuerte incremento de proyectos que buscan instalarse en España. Desde 2021 se han concedido ya más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales.
Uno de los principales elementos del nuevo marco será la exigencia de que los nuevos centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable. El requisito se plantea con carácter horario, de manera que la generación deberá acompañar al consumo de las instalaciones. El Gobierno pretende así evitar que el crecimiento de la demanda asociada a la IA se traduzca en una presión adicional sobre el sistema eléctrico.
El proyecto también contempla que la nueva capacidad renovable asociada a los centros de datos sea adicional a la ya existente. Según la información difundida sobre el borrador, por cada nuevo megavatio de demanda se deberá compensar mediante nueva generación renovable instalada en un periodo previo determinado. La intención es vincular directamente la expansión de la capacidad de computación con el crecimiento de la generación limpia y evitar que los nuevos centros simplemente absorban capacidad renovable que ya estaba disponible para otros consumidores.
Las exigencias no se limitarán a la electricidad. El Gobierno quiere aplicar también criterios elevados de eficiencia en el consumo de agua y energía. La cuestión es especialmente relevante en un sector cuya expansión está estrechamente vinculada al desarrollo de modelos de IA, cada vez más intensivos en capacidad de computación y, por tanto, en electricidad y sistemas de refrigeración.
Datos y metadatos bajo control europeo
El nuevo marco incorpora además una dimensión de soberanía digital. Los operadores de los centros de datos deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros que gestionen deberán permanecer dentro del territorio comunitario. Las instalaciones que trabajen con información procedente de organismos públicos o relacionada con la seguridad nacional estarán sometidas a requisitos adicionales.
Esta condición conecta directamente la regulación de los centros de datos con una de las prioridades estratégicas de la Unión Europea que es reducir la dependencia tecnológica exterior. La regulación española aborda el papel de los centros de datos como infraestructura crítica para la economía digital y para la autonomía tecnológica.
Más exigencias para las instalaciones de mayor tamaño
El proyecto se dirige especialmente a las nuevas instalaciones de mayor consumo. Los centros de datos de más de 1 MW deberán cumplir requisitos específicos de eficiencia y acreditar el seguimiento de las mejores prácticas europeas. Mientras tanto, las instalaciones de más de 500 kW tendrán obligaciones de información sobre sus indicadores de eficiencia energética. El objetivo es disponer de mayor información sobre el impacto real de estas infraestructuras y establecer criterios homogéneos para valorar los nuevos proyectos.
La normativa también introduce un elemento especialmente relevante para los inversores. El incumplimiento de los requisitos podría acabar teniendo consecuencias sobre el acceso a la electricidad. Las informaciones conocidas sobre el borrador apuntan incluso a la posibilidad de desconectar de la red a instalaciones que no cumplan las condiciones establecidas. Los proyectos que ya están en tramitación dispondrán de un periodo de adaptación, aunque los plazos dependerán de la situación administrativa en la que se encuentre cada instalación.
España, ante el reto de atraer inversión sin saturar la red
La nueva regulación apuesta por seleccionar los proyectos que aporten mayores garantías de eficiencia, sostenibilidad y seguridad. El riesgo para el Ejecutivo es que unas condiciones excesivamente exigentes reduzcan el atractivo de España frente a otros mercados europeos que también compiten por convertirse en grandes polos de infraestructura para la IA. La clave estará, por tanto, en conseguir que el crecimiento de los centros de datos sea compatible con el sistema energético y con los objetivos de soberanía tecnológica, sin frenar una inversión que puede ser estratégica para el desarrollo de la economía digital española.
